En Chile, la actual crisis financiera de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), o isapres, se encuentra en un punto crítico, lo que genera un debate significativo sobre el futuro del sistema de salud. La implementación de medidas paliativas por parte del gobierno, como el ajuste del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) y la reducción de la prima GES, ha sido criticada por especialistas en salud pública. Según ellos, estas acciones podrían empeorar la situación del sistema de salud, poniendo en peligro la sostenibilidad económica y la calidad de la atención médica.
El senador Juan Luis Castro (PS) ha urgido al gobierno a tomar una decisión clara: ¿optará por una reforma integral de la salud aprovechando esta crisis o se limitará a implementar medidas puntuales? Según expertos, la fuente principal de discrepancia en este debate es de carácter ideológico, centrada en la concepción de la salud como un derecho o como un bien de consumo.
El gobierno ha propuesto un texto dentro de la ley de reajuste que permite a las isapres ajustar sus precios para cubrir los costos y la cobertura de las prestaciones de salud de menores de 2 años. Sin embargo, esto ha sido visto como una contradicción a las decisiones judiciales recientes, que condenaron la aplicación de tablas de factores a este grupo etario.
Este panorama plantea un desafío crucial para Chile, en donde el sistema de salud ha sido modelado por una matriz sociocultural revolucionaria instaurada durante la dictadura. La crisis actual podría ser una oportunidad para implementar una reforma profunda del sistema, incluyendo la creación de un "Fondo Universal de Salud" como primer piso de financiamiento, y relegando a las isapres a un rol de seguros complementarios de segundo piso, tal como se propone en el programa de gobierno del Presidente Boric. Esta situación resalta la necesidad de un cambio estructural en el sistema de salud chileno, que respete las reglas del juego y aborde los problemas fundamentales del sistema.