La Comisión de Salud del Senado chileno ha dado un paso crucial en la reforma del sistema de salud al despachar a la Comisión de Hacienda el proyecto conocido como "ley corta de Isapres". Esta legislación, centrada en la regulación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), marca un cambio significativo en la gestión y supervisión de las aseguradoras de salud.
El debate en la Comisión de Salud culminó con la aprobación de varias disposiciones clave, incluyendo la obligación para las Isapres de presentar un plan de devolución de excedentes a sus afiliados. Esta medida responde a una larga demanda de mayor equidad y transparencia en el sistema. En contraste, la propuesta de permitir a las Isapres presentar un alza de precio base fue rechazada, debido a preocupaciones sobre potenciales incrementos desmesurados en los costos para los afiliados.
La ley aborda también la necesidad de contener los costos en las aseguradoras, con senadores de todos los sectores políticos destacando la importancia de establecer parámetros claros para medir la eficiencia de las Isapres. Además, se plantea la posibilidad de un enfoque de mutualización para determinar el volumen de la deuda y considerar un plan mixto de precios para hombres y mujeres.
En relación con la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), la ley estipula que los afiliados pagarán una prima uniforme, sin distinciones ni discriminaciones. Esta modalidad se renueva automáticamente cada doce meses y se espera que Fonasa celebre convenios con prestadores de salud que integren la MCC.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el director de Fonasa, Camilo Cid, explicaron que los parámetros para establecer el valor de la prima y el deducible se relacionan con la cotización y la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC). Además, se acordó el envío al Congreso de proyectos de ley para reformar el sistema de salud, eliminar las preexistencias y las discriminaciones por edad y sexo en 2024.
Este avance legislativo representa un esfuerzo significativo para mejorar la equidad y eficiencia del sistema de salud chileno, priorizando la protección y los derechos de los pacientes.