La administración gubernamental de la provincia argentina de Salta ha tomado una decisión significativa en el ámbito de la atención médica pública. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 129, el gobernador Gustavo Sáenz ha dispuesto que los visitantes extranjeros que se hallen en la nación de forma transitoria, ya sea por turismo o con una residencia temporal, estarán obligados a aportar económicamente por el uso de prestaciones de salud en los establecimientos sanitarios provinciales.
Con el propósito primordial de asegurar la estabilidad financiera del sistema sanitario público en Salta, en medio de una situación de crisis económica, esta norma establece que los visitantes de otros países deben costear los servicios de atención médica que reciban, ya sea pagando de manera directa o a través de un seguro médico.
Cabe subrayar que esta nueva reglamentación no impactará en la asistencia de emergencias médicas, la cual se mantendrá gratuita y asegurada para todos. Se subraya, además, que los residentes de la provincia, tanto permanentes como temporales, continuarán recibiendo servicios de salud en igualdad de condiciones respecto a los ciudadanos Argentinos, en virtud de su contribución tributaria al tesoro público.
La metodología de cobro que se implementará se sustenta en tarifas fijadas por el Instituto Provincial de Salud, correspondiendo a un monto aproximado de $170.000 pesos argentinos por cada día de estadía hospitalaria en un hospital público de la provincia. Esta resolución busca disuadir la utilización indebida del sistema de salud gratuito por parte de extranjeros no residentes que acuden a Argentina en busca de asistencia sanitaria.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, ha reafirmado la trascendencia de esta medida en la preservación de la viabilidad del sistema sanitario ante un panorama económico complicado. Adicionalmente, se espera que otros distritos fronterizos adopten medidas similares, dada la situación de incumplimiento de algunos estados vecinos con respecto a los convenios de reciprocidad en la atención médica.
En resumen, la puesta en marcha de esta estructura de cobros representa una innovación en la política de salud pública de Argentina, con la intención de promover la equidad y asegurar la continuidad del sistema sanitario bajo un contexto económico desafiante.